Ciudad de México, 25 de junio de 2020. – Este Organismo Constitucional Autónomo, hace notar, que conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, sin excepción y en cualquier orden de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias; tienen el deber jurídico de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en los términos que establezca la Ley.

Puntualizando que tratándose de casos en los cuales pueblos y comunidades indígenas se vean afectados, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acentúa la responsabilidad de los gobiernos para proteger y garantizar sus derechos fundamentales. Aunado a que, respecto a la obligación que tiene el Estado de proporcionar seguridad a las personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población.

En ese sentido, la CNDH a fin de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y particularmente de las víctimas, requirió urgentemente al Gobierno del Estado de Oaxaca, dar cumplimiento a las Medidas Cautelares emitidas a efecto de garantizar la vida, la integridad personal, el patrimonio y la seguridad, de los habitantes del Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca. Así como otorgar atención médica, psicológica y asesoría legal, a los familiares de las víctimas. Y determinar el ejercicio de la acción penal, respecto de los hechos constitutivos de delitos y la probable responsabilidad de las personas involucradas. Lo anterior, de conformidad con los criterios de prontitud, expedites de justicia, perspectiva de género y debida diligencia. Medidas cautelares que fueron aceptadas por el Gobierno del Estado y Fiscalía General de Oaxaca, en fecha 25 de junio del año en curso.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la CNDH exige la irrestricta aplicación de la ley y la observancia plena del Estado de Derecho en Oaxaca; al tiempo que insta a privilegiar el diálogo y la concertación que permitan los consensos necesarios para garantizar la paz y estabilidad social en el referido Municipio.

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