El exdirector de Pemex Emilio Lozoya, juzgado en México por delitos de corrupción, propuso un cargo a Luis Alberto de Meneses, representante de Odebrecht, en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-018), indicó hoy la Fiscalía.
Aunque el coordinador de la campaña electoral era Luis Videgaray, fue Lozoya quien recibió cuatro millones de dólares de Odebrecht parta apoyar la candidatura de Peña Nieto, se dijo en la audiencia de este jueves.

Desde ayer se dilucida en el juicio el tema de los sobornos de la empresa brasileña una vez que Lozoya quedó imputado en el primer asunto relacionado con la compra de una fábrica obsoleta de nitrogenados.

Relacionado con esos sobornos, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales indaga también su responsabilidad y la participación de Odebrecht en el delito de financiamiento ilícito a candidatos a diputados federales en el proceso electoral y recursos aportados a la campaña de Peña Nieto, aunque ya prescribió.

Durante la audiencia realizada a través de videoconferencia, la Fiscalía dio a conocer que Lozoya ofreció a De Meneses un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública, y así ocurrió en Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.

Odebrecht pagó en México 10,5 millones de dólares en sobornos y obtuvo mediante esta componenda ilegal ganancias por 39 millones de dólares, puntualizaron los representantes de la FGR a partir de las revelaciones que hicieron al gobierno mexicano los representantes de la constructora brasileña.

La Fiscalía presentó también como indicio de prueba de la colusión que tuvieron en estos delitos la madre, hermana y esposa del reo un oficio de contabilidad, fechado el 8 mayo de 2019, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde consta que recibieron varios depósitos en cuentas de bancos en Suiza. Específicamente se documentaron dos pagos, uno por cuatro millones de dólares durante la campaña y otro por seis millones de dólares cuando fue director de Pemex.

Entre los contratos que el exdirector de Pemex dio a Odebrecht en este intercambio de favores, se cuenta la adjudicación por más de mil millones de pesos (22 millones de dólares) para realizar trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo, pese a que la empresa no cumplía con los requisitos de la licitación.

Por todo ello, la parte acusadora concluyó que Emilio Lozoya violó los códigos de ética de los servidores públicos porque no actuó con probidad ni la confidencialidad requerida.

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