CDMX a 10 de junio de 2020.- A los adultos mayores de 68 años, discapacitados permanentes, indígenas y afromexicanos de más de 65 años, y personas en pobreza extrema se les garantizará el acceso directo a los apoyos de programas sociales establecidos por el gobierno federal, planteó la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena.

 

Además, en los programas de educación obligatoria, activar el sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares que se encuentren en condición de pobreza.

 

La legisladora presentó, a nombre de la diputada Anita Sánchez Castro, también de Morena, una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 8 bis y 8 ter, y las fracciones I bis, III bis y III ter al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social; adicionar un inciso d) a la fracción VI del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y adicionar la fracción II bis al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todos con el citado motivo.

 

Señaló que esta actualización de los tres ordenamientos reglamentarios obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y de guiarse por el principio pro persona cuando se apliquen normas de derechos humanos.

 

Agregó que también se establece la obligación de que, cuando existe una violación, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

 

“Sin duda esta reforma representa uno de los avances jurídicos más importantes que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos”, aseguró.

 

El reto principal del actual gobierno, expuso, es revertir los efectos que después de 30 años de política neoliberal aplicada que favoreció solo a ciertos grupos económicos nacionales y extranjeros y hundió en la pobreza a más de la mitad del pueblo mexicano.

 

Por ello, insistió, las nuevas estrategias se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es lograr el bienestar social, mediante la recuperación del poder adquisitivo del trabajo, reducción del desempleo, una política social en apoyo a los más pobres, a  personas  con  discapacidad,  a  adultos  mayores,  a  comunidades  indígenas  y afromexicanas  y  a  la  población  joven,  sectores  olvidados bajo  el régimen  neoliberal.

 

“Nuestra tarea es garantizar que los programas de bienestar social, establecidos en la Constitución Política, se ejerzan mediante la legislación reglamentaria. Ese es el objetivo de la presente  iniciativa y, de esa manera, armonizar el marco jurídico de la reforma del Artículo 4º Constitucional, materia de Bienestar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo”, expuso la diputada María de los Ángeles Huerta del Río.

 

La propuesta fue turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

ALJ

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