Ciudad de México, 04 de mayo de 2020.- En el marco de la contingencia por el COVID-19, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, presentó una iniciativa en materia de responsabilidad social, a fin de garantizar que se puedan prevenir y, en su caso, reparar las afectaciones que ocasionan las empresas a las comunidades donde operan.

La legisladora explicó que esta responsabilidad social se hace patente en circunstancias especiales, como, por ejemplo, la crisis de salud y económica debido a la pandemia del Covid-19, que ha obligado a la suspensión de actividades no esenciales de los sectores público, social y privado.

Las empresas deben comprometerse a fondo con la dimensión social de su existencia como personas morales o establecimientos mercantiles, declaró, y debido a que el abanico de daños sociales de las mismas es muy amplio, es necesario que el Estado mexicano comience a revisar y ordenar las legislaciones, reglamentaciones y políticas públicas en la materia.

“En la perspectiva de la presente iniciativa, es importante que el Gobierno de la República asuma acciones específicas para definir y concientizar a las empresas sobre la importancia de que desarrollen una sólida perspectiva de responsabilidad social”, dijo.

Hernández Pérez reconoció que las empresas juegan un papel fundamental en la generación de riqueza, las fuentes de empleo, la aportación a la Hacienda Pública, así como la integración y la convivencia social.

Sin embargo, siempre encuentran lagunas legales que les permiten, sin infringir la ley, accionar al margen de ella, generando diversos tipos de daños a sus trabajadores y a su entorno.

“Por ello se debe realizar el análisis de lo que son las empresas socialmente responsables, empresas que no sólo cumplen con sus responsabilidades legales, sino que se cuestionan cuál es su responsabilidad hacia la sociedad, más allá del mero cumplimiento de las normas jurídicas”, señaló.

En este sentido puntualizó que la propuesta consiste en “coordinar y ejecutar la política nacional de responsabilidad social de las empresas, para que respeten, protejan y, en su caso, remedien el entorno de las comunidades donde desarrollan sus actividades, respetando y protegiendo los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales de las personas que las habitan; lo anterior, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado”.

Se trata, detalló, de una iniciativa que busca reformar la fracción XXXIII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

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