Ciudad de México, 26 de junio de 2020. – El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del PAN, presentó iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un último párrafo a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que los apoyos entregados en caso de emergencias, por desastre natural o sanitaria, la dependencia correspondiente haga un apartado en sus medios electrónicos para registrar los datos de los beneficiarios.

En su propuesta, el legislador aseguró que el objetivo es evaluar la eficiencia en la aplicación y destino de los recursos del erario público y, además, podrán detectarse más fácilmente los casos de corrupción.

Señaló que para hacer frente a la crisis ocasionada por el avance del Covid-19, el gobierno de la República mantiene un plan con el que busca no caer en una inmensa deuda pública y orientar sus esfuerzos en medidas económicas que resguarden a los más pobres.

Comentó que la mayor parte del presupuesto que se destina para tratar de mitigar los efectos de la crisis, proviene de fondos de emergencia y de más de 6 mil 600 millones de dólares del presupuesto del Fondo de Estabilización de Ingresos. Con estos recursos, como dijo el propio Presidente de la República, se ampliarán los planes de infraestructura y los programas de ayuda en los próximos 9 meses, acotó.

Millones de familias de bajos recursos recibirían subsidios económicos. También anunció que pagará por adelantado las pensiones por los próximos cuatro meses a adultos mayores, entregará más de 9 mil créditos a pequeños negocios y fortalecerá dos programas: el de reforestación Sembrando Vida y el de aprendices en empresas Jóvenes por el Futuro.

Ante esta circunstancia, dijo, toma mayor fuerza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, la cual radica en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz.

De esta manera, subrayó, el presupuesto gubernamental estará bajo constante escrutinio, favoreciendo el apego a la Ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y servidores públicos, porque “es absolutamente cierto aquello de que lo que no pueda ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Por lo tanto, es necesario contar con herramientas eficientes que permitan el análisis del gasto público”, puntualizó.

La propuesta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

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