Ciudad de México, 21 de mayo, 2020

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación por el delito de extorsión en agravio de 13 enfermeros y un militar, rescatados el martes en un hotel, e  indaga las cuentas bancarias donde sus familiares depositaron 300 mil pesos. Mientras, en el Congreso capitalino se han presentado cuatro iniciativas para fijar penas de cinco a 10 años de prisión a quienes agredan a los profesionales de la salud.

De acuerdo con la indagatoria, la dependencia ubicó el número telefónico utilizado en el penal de Altamira y solicitó a los encargados del hotel Ambos Mundos, ubicado en avenida Revolución número 135, en la colonia Tacubaya, las imágenes de las cámaras de vigilancia.

Agentes de investigación recabaron testimonios y solicitarán la presencia de los empleados del lugar para que rindan su declaración sobre los hechos ante el Ministerio Público y deslindar responsabilidades, señalaron fuentes de la FGJ.

Con vigilancia policiaca, el hotel sigue dando servicio gratuito al personal del sector salud que colabora en la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19, como era el caso de las 13 personas de la Oficina de Representación del IMSS en Nuevo León.

El personal médico, que llegó el pasado lunes para incorporarse a la unidad temporal de atención de pacientes con coronavirus habilitada en el autódromo Hermanos Rodríguez, fue retenido virtualmente más de 20 horas.

Una persona que se identificó como integrante de la Unión Tepito les exigió 300 mil pesos que debían depositar en varias cuentas bancarias, que ya son investigadas, y  obligó a una de las víctimas a dar las instrucciones.

La amenaza de sufrir alguna agresión, porque en los pasillos del hotel había gente armada o los iban a detener porque en su habitación había armas y drogas, los llevó a contactarse con sus familiares, quienes interpusieron la denuncia ante la FGJ.

En tanto, la alcaldía de Miguel Hidalgo sometió a un proceso administrativo a este hotel y al Bonn, donde fueron movidos en algún momento, y determinar su legal funcionamiento. En caso de detectarse alguna anomalía podrían ser suspendidos y/o  clausurados.

Mientras, en el Congreso capitalino se plantean reformas al Código Penal para incrementar las sanciones contra quienes agredan verbal y físicamente al personal médico, incurran en actos de discriminación, expongan intencionalmente a otras al peligro de contagio u ocasionen intencionalmente daños a instalaciones y equipamiento médico.

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