Ciudad de México, 14 de abril de 2020.- A principios de mes el titular del Ejecutivo Federal decretó la extinción de 235 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, ante esta decisión la vicecoordinadora del grupo parlamentario, Fabiola Loya Hernández, realizó un exhorto a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para que el proceso de liberación y eventual uso de estos recursos se realice con las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas, en beneficio de todos los mexicanos.

“Existe un problema grave de opacidad que fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la forma en que se manejan este tipo de instrumentos financieros, motivo que llevó a su extinción, por ello es importante y necesario que el proceso de terminación sea llevado con absoluta transparencia para evitar malas prácticas”, pues en conjunto los fideicomisos extintos amasan 725 mil 259 millones 985 mil 125.95 pesos, señaló la legisladora jalisciense.

Los fideicomisos son mecanismos que permiten etiquetar y comprometer el gasto gubernamental, de modo que sea rastreable y cumpla con objetivos específicos como el impulso a la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención y atención de los desastres naturales o la estabilización financiera, por mencionar algunos ejemplos.

“Si bien el Presidente de la República ha afirmado que dichos fondos serán destinados a programas sociales en favor de la población más vulnerable ante la crisis económica y social, es fundamental vigilar que en el uso de dichos recursos cumplan con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, explicó la diputada ciudadana.

Por ello en el Punto de Acuerdo presentado, se exhortó a la Auditoría Superior de la Federación a supervisar y fiscalizar la contabilidad, así como los flujos financieros de los recursos públicos que derivan de la extinción de los Fideicomisos sin estructura orgánica, que deberán pasar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril del año 2020, según lo establecido en el decreto de extinción.

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