Ciudad de México, 10 de julio de 2020. – El pasado 6 de julio, integrantes de la Cámara de Diputados, emitieron un posicionamiento para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en apego a las disposiciones aplicables en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se reduzcan los recursos del Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, y sean considerados como Programas prioritarios, especialmente los que se refieren a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

El posicionamiento señala, entre otras cosas, el incremento de la violencia contra las mujeres producto del confinamiento de la emergencia sanitaria SARS-CoV-2, indicando que es en el Anexo 13 del Presupuesto, donde concurren Programas cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación, apuntando además que el artículo 58 de dicha Ley establece que: “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados”.

Al respecto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos suscribe el citado pronunciamiento, agregando que desde el mes de abril, ha exhortado en reiteradas ocasiones a los tres órdenes de gobierno, a que la atención de la emergencia sanitaria derivada del SARS-CoV-2 se realice con perspectiva de género, se emprendan acciones emergentes para combatir el grave problema de violencia contra las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria, así como a difundir campañas de información sobre el contexto real de la violencia en contra de las mujeres ante la pandemia.

Vale la pena señalar que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo se registraron 375 feminicidios y 1,233 homicidios dolosos, lo cual da una sumatoria de 1,608 mujeres asesinadas en los primeros 5 meses de este año, lo cual representa un promedio de 10.7 mujeres asesinadas al día.

Ante este contexto, como señala el posicionamiento de la Cámara de Diputados, y en opinión de la CNDH, el mecanismo de AVGM debe ser considerado como prioritario para frenar la agudización de la violencia contra las mujeres, independientemente de los recursos que las entidades federativas destinen para su implementación.

Las AVGM han logrado visibilizar el problema y la gravedad de la violencia contra las mujeres en el paiìs, asiì como incorporar el tema en las agendas estatales y municipales, sin embargo, el mecanismo AVGM, por siì mismo, es insuficiente para hacer frente a los feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemaìtica de acceso a la justicia para las mujeres, más aún en el periodo de confinamiento. Es por ello que se requiere fortalecer el presupuesto etiquetado para la atención de la violencia contra las mujeres establecido en el Anexo 13.

La CNDH señaló en su Diagnóstico como integrante de los Grupos que dan seguimiento a los procedimientos de AVGM, que en la mayoría de las entidades con procedimiento de AVGM, no se prevéì presupuesto con perspectiva de género y tampoco para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Aunado a que la mayoriìa de las instituciones en las entidades sostienen sus acciones para atender la violencia contra las mujeres, del presupuesto federal incluido en el Anexo 13. La ausencia de la planeacioìn del presupuesto con perspectiva de geìnero y para acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres, da cuenta de una de las dificultades centrales para atender el problema.

La Comisioìn Nacional de los Derechos Humanos, estaì comprometida con el goce efectivo de los derechos humanos y la garantiìa de mejores condiciones de vida para las mujeres en el contexto de confinamiento, derivado de la emergencia sanitaria del COVID 19; asiì como en plantear acciones para transformar las condiciones que vulneran su dignidad y autonomiìa.

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