Ciudad de México, 6 agosto de 2020. – Pretenden las y los diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena y del PVEM, en una iniciativa de reforma presentada en la Comisión Permanente del Congreso, establecer en la legislación agraria la igualdad género y el principio de paridad para abatir la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres indígenas y rurales sobre el uso y aprovechamiento de las tierras, así como proteger sus derechos humanos.

 

 

 

Señalaron que el objetivo de su propuesta, es reformar diversas disposiciones de la Ley Agraria, porque la igualdad de género en el medio rural y campesino sigue siendo una asignatura pendiente.

 

 

 

Con la iniciativa que impulsan los diputados Ana Patricia Peralta, Armando Contreras, de Morena; Arturo Escobar y Vega, del PVEM, a nombre de sus compañeros legisladores, así como de los diputados Héctor Serrano y Mauricio Alonso Toledo, sin grupo, buscan actualizar los artículos 10, 17, 18, fracción III; 57, párrafo primero y fracción III; 72, 108 y 109 de la citada legislación.

 

 

 

Reconocieron que, sin demeritar los avances en la normatividad y legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, tutelados por el Estado, se debe admitir que la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres indígenas y rurales sigue siendo un tema que debe atenderse.

 

 

 

Existe una brecha muy pronunciada de género en la propiedad de la tierra, históricamente relacionada con factores como la preferencia hacia los hombres en la herencia; los privilegios hacia ellos en el matrimonio; la tendencia a favorecerlos en la distribución de la tierra y también en los programas estatales de redistribución; además de los sesgos de género en el mercado de tierras, agregaron.

 

 

 

Señalaron que en materia de derechos agrarios de las mujeres su acceso es limitado. Las áreas que están bajo responsabilidad de ellas, la mayoría de las veces son menores que de los hombres y son las de menor calidad para la producción. Las diferencias para su acceso se expresan de distintas formas: en la herencia, en los programas de reforma agraria y en el mercado de tierras, acotaron.

 

 

 

Un ejemplo de esto, dijeron, son las estadísticas del Registro Nacional Agrario, donde se indica que el padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país está integrado por 3.6 millones de hombres y 1 millón 304 mil mujeres, lo que representa 26.3 por ciento del total.

 

 

 

Ello significa, agregaron, que de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres. Eso sí, alrededor de 850 mil de ellas trabajan la tierra sin que sean titulares de derechos. Lo grave de esos casos es que las mujeres en esas condiciones no pueden acceder a los programas oficiales de apoyo, advirtieron.

 

 

 

De acuerdo con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, indicaron que es necesario revisar la normatividad vigente en materia agraria para adecuarla a dicha ley, al tomar en cuenta que las mujeres trabajan la tierra y sin derecho sobre ella; tienen el uso y no el derecho y, actualmente, están en algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que la legislación tutela.

 

 

 

“Además, con esta reforma se cumplirá con una de las tareas pendientes del Estado Mexicano y se verificarán los compromisos internacionales suscritos en la materia”, adelantaron.

 

 

 

La iniciativa fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

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