Ciudad de México, 27 de septiembre de 2020.- Un ayuno que se prolongará hasta el 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, realizarán familiares de presos políticos del estallido social en reclamo de la liberación de sus allegados.

 

La protesta fue convocada hoy en esta capital por varias organizaciones, como la Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de La Granja, la Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas y la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (Ofapp), informó Radio Universidad de Chile.

Los participantes reclaman una acción del Congreso Nacional para tramitar y aprobar un proyecto de ley que permita la libertad de todas las personas que fueron encarceladas por su participación en las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019.

Se trataría de la liberación de más de dos mil 500 prisioneros, lo que a su juicio debe sentar un precedente que permita también más adelante negociar la libertad de otros prisioneros políticos, incluidas personas del pueblo mapuche.

Asimismo llamaron a otras agrupaciones as apoyar esta movilización y convocaron a toda la ciudadanía a una jornada de protesta, un Paro Nacional y de Movilización Internacional para el 10 de diciembre.

Según explicó Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, familiares de los presos realizarán un ayuno rotativo cada 24 horas, durante todos los días que restan hasta esa fecha.

Su objetivo es para impulsar una movilización nacional por esa causa y en especial para conseguir la libertad de los menores de edad que se encuentran en prisión preventiva, para que al menos reciban una sanción menos restrictiva.

Añadió que ya existe una iniciativa parlamentaria que propone un indulto general a escala nacional dado que se ha evidenciado ‘un ensañamiento jurídico en contra de estas personas’.

Representantes de las organizaciones convocantes estuvieron acompañados también por dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

A pesar de las constantes denuncias sobre el mantenimiento de una gran cantidad de personas tras las rejas durante muchos meses sin que incluso existan cargos en su contra, el gobierno ha negado reiteradamente esa situación.

Desde La Moneda se alega que quienes están presos es por haber cometido delitos y daños a las propiedad pública y privada.

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