La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que establece, en el artículo 4º de la Constitución, la obligación del Estado de garantizar pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad; becas para estudiantes en condición de pobreza, y la gratuidad de los servicios de salud y medicamentos para la población sin seguridad social.

El Pleno aprobó el dictamen, por mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes), con 385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones, y procedió a su discusión en lo particular.

El proyecto de decreto surgió de una iniciativa del Ejecutivo federal, presentada el 20 de noviembre de 2019, que fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud.

Establece que “el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las mexicanas y mexicanos que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza”.

Señala que “las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad”.

Estipula que “el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación”.

También se precisa que “la ley creará un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social”.

En sus artículos transitorios, se establece que el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia con esta reforma, en un plazo que no exceda los 365 días a partir de su entrada en vigor.

Asimismo, se estipula que el monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los presupuestos de los estados para las pensiones, becas y apoyos económicos, así como para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

El dictamen fue fundamentado, en tribuna, por la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), y posteriormente los ochos grupos parlamentarios fijaron su postura sobre el documento.

Hablaron, a nombre de sus bancadas, las y los diputados Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM), Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), René Juárez Cisneros (PRI), Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) y Miroslava Sánchez Galván (Morena).

Tras ello, diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen. A favor lo hicieron Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (MC), Elba Lorena Torres Díaz (PES), Luis Enrique Martínez Ventura (PT), Dulce María Sauri Riancho (PRI), Eleuterio Arrieta Sánchez (Morena), Irma Juan Carlos (Morena), Mónica Almeida López (PRD) y Miguel Prado de los Santos (Morena).

En contra lo hicieron diputadas y diputados del PAN: Marcos Aguilar Vega, Dulce Alejandra García Morlan, Jorge Arturo Espadas Galván, Marco Antonio Adame Castillo, Miguel Alonso Riggs Baeza, Sylvia Violeta Garfias y Verónica Sobrado Rodríguez. Asimismo, la diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI)

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